José Manuel M.P. | Sábado, 29 de noviembre de 2008
Majestad no se si será verdad o no lo que se dice en los medios sobre su intervención en la petrolera rusa, como subdito de Ud. Majestad al principio me costaba creerlo, hoy ya no me cabe la menor duda Majestad, de su intervención sobre esta petrolera rusa.
No le negaré Majestad que un Rey al igual que cualquier dignatario dirigente de un país tiene derecho hacer negocios. Majestad ud es Rey, Rey de España y no puede olvidar que por encima de todo, esta España y habiendo informes del CNI sobre lo que es esa petrolera rusa al igual que la señala toda prensa internacional, Majestad ha perdido la credibilidad que tenía en ud.
Ni lo se, ni me importa los motivos de su intervención, si habrá sido inducido de manera personal y directa. O por la Caixa, (en donde trabaja su hija), y que tanto tiene que perder si la operación de Sacyr no va a buen puerto, pero hay empresas españolas Majestad, que en las mismas condiciones que presenta la Caixa a esta operación financiación incluida podrían adquirir ese 30% y en el peor de los casos cualquier otra Nación de nuestro entorno.
Ya perdimos un sector energético importante ENDESA, ¿ahora Majestad se involucra en perder otro vital para la económia Nacional?
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Si una empresa no puede atender la devolución de sus préstamos, su quiebra/concurso es la solución que la ley establece para tal tipo de situación, y no se alcanza a entender la razón que en Derecho ampare otra distinta. Si, como algunos sostienen, la supervivencia de esa empresa es cuestión de interés nacional, existe en la Leyde Sociedades Anónimas un precepto de honda raigambre patria, el artículo 265, que prevé expresamente que, a petición de accionistas que representen la quinta parte del capital social o del personal de plantilla, el Gobierno pueda acordar mediante Decreto su intervención si estima que se da ese interés, concretando la forma en que ha de subsistir y las eventuales compensaciones a sus accionistas en caso de que su participación valiera algo.
En cuanto a las responsabilidades patrimoniales -el Castigo de naranjito y sus copains-, los administradores de las entidades involucradas, todos millonarios de tronío, estarían obligados a atender (solidariamente en cada consejo) con sus bienes presentes y futuros los daños y perjuicios irrogados a las sociedades que administran y a los terceros, incluidos los trabajadores, de una gestión no acorde con los estándares de conducta establecidos en la ley aludida. En suma, si España fuera una democracia y no el Puerto de Arrebatacapas que es, estaríamos ante una cuestión de orden jurídico, no político, de mera aplicación de la ley. Démosle, pues, una oportunidad a la Ley. ¡Que quiebre Sacyr!
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