Hay que tener arrestos para imputar judicialmente a un miembro de la Familia Real. Lo entiendo. Pero es que, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. El fiscal anticorrupción que lleva el caso Urdangarín se niega a imputar o a citar como testigo a la infanta Doña Cristina, a pesar de que ha compartido con su marido tres sociedades que están siendo investigadas por fraude. Un comportamiento jurídicamente ilógico que no hace más que enturbiar esta causa, y con el que se deja claro que, en España, hay dos justicias: una para la gente corriente y otra para los que son VIPs. Intentar convencernos a estas alturas de que la infanta Cristina -licenciada en Ciencias políticas y que ocupa un cargo de ejecutiva en la Caixa- no sabía nada, es como hacerlo de que no habrá mañana. El yerno del Rey acumula un patrimonio de 11 millones de euros y bienes inmobiliarios valorados en otros cinco millones más. Y esto está claro que no le vino del Balonmano. Y cristalino que lo sabía la infanta. No sé si el dicho popular «Confiesa el delito el que huye del juicio.» se le puede atribuir a este caso, pero tanto silencio da que pensar.
