Función pública: el espectáculo

España necesita un enjuague, pasarla por
lejía; cualquier observador, por poco fino que sea lo percibe en sus narices. Los
capataces que han tomado el relevo parecía que iban a ir por ese camino; sin
embargo, en el arranque, no se entiende que, en vez de un ingeniero de caminos,
canales y puertos, Fomento lo pastoree una señora que es médico, a la par que a
otra, que proviene del Derecho, la embarcan en las cuestiones sanitarias. Amén
de lo habitual, patada en el culo a los mandos policiales, a pesar de su
aptitud profesional, en venganza por haber investigado porquería de populares,
consagrando la primacía político partidista; la Policía tendría que queda
aparte de los vaivenes partidistas, con las leyes como único objetivo y el
control exclusivo de los jueces.

Un plomo que nos hunde es el exceso de bocas a las que alimentar, que no
son precisamente las de los ciudadanos caídos en desgracia. De momento, porque
nunca se sabe, el Congreso va a continuar con 350 diputados; esta callado lo de
la ampliación; pero se mantiene el Senado y las diputaciones (Murcia tuvo la
suya, hasta la constitución de la autonomía, y nadie la echa en falta; porque
corresponden a una situación administrativa pretérita y la labor de antaño la
cumplen los actuales departamentos.

Sobran concejales; la correcta administración de una ciudad no está en
relación directa a su número. Cada concejalía tendría que estar ocupada por
persona que sea profesional del cometido. Habría que darle la vuelta al
tinglado: los ayuntamientos no deberían ser instituciones políticas, sino estar
por encima de ellas, como lugares para regir la municipalidad y primer escalón de
encuentro de los ciudadanos. Tendría que desaparecer la cohorte de asesores,
personas de confianza, consejeros y demás familia, esos que tienen el hueco
para chupar del erario público cuando mandan ‘los suyos’, manteniendo viva la
tradición decimonónica de los ‘ocupantes’ y ‘cesantes’ según el viento
político.

El cuerpo central, y vital, de todas las instituciones, estatales,
autonómicas, provinciales, locales, ha de ser el conjunto de los funcionarios,
los necesarios y bien preparados, profesionales y eficientes, la máquina a
punto, en revisión permanente y el mejor lubricante; su actuación no es por
ideología, sino según su especialidad. Por lo tanto, los gestores temporales
(los políticos de cualquier administración), no habrían de consultar (a cargo
del erario) a nadie externo, ni mantener (golosamente pagados con el dinero de
los contribuyentes) a personas de confianza, ni tirar dinero (que no es de
ellos, y su destino otro) en ajenos para que llevar a la práctica cualquiera de
sus ocurrencias. Debe hacerse constar que, debido a su importancia, aquel que
no cumpla que se le expulse, pues es deshonesto alimentar macanas con los
dineros de los ciudadanos.

Supongo que algo así no será inmediato, pero tendrá que llegar, porque beneficia,
y mucho, al país y a quienes lo habitan.