Diario de Navarra, viernes 26 de noviembre de 2010, página 16
Sobre el PP y sus actuaciones en Navarra
El Comité de Derechos y Garantías del PP, órgano político del partido por designación y al que, como tal, nos remitimos, ha rechazado el recurso a la expulsión en Navarra con términos llenos de agravios que no viene al caso analizar en este momento. Esta resolución será impugnada ante los Tribunales los cuales tendrán la última palabra, tal y como sucedió cuando el partido de Rosa Díez expulsó a numerosos militantes y el juzgado ordenó su readmisión.
La decisión ha sido tomada cuando todavía está pendiente la sentencia a la demanda de nulidad del Congreso por denegar la condición de candidata a Nieves Ciprés para presentarse en el Congreso a la presidencia del PP de Navarra, a pesar de tener los avales necesarios. En el Juzgado están los extractos bancarios en número muy superior a los 90 requeridos que prueban que los avalistas estaban al corriente de pago.
Antes de la celebración del juicio del 11 de noviembre, el PP recibió tres órdenes (por oficio y providencia) del Juzgado de Pamplona para que enviaran el Censo Oficial y Lista de Afiliados para el Congreso del 12 de diciembre. El PP no ha cumplido los requerimientos judiciales, pues saben que con esos documentos el pleito está zanjado a nuestro favor. Por lo que serán los Tribunales quienes juzgarán la desobediencia a la autoridad judicial y personas responsables.
El asunto, pues, ha tomado una deriva penal en la persona responsable y miembros de la Comisión Organizadora del Congreso del PP de Navarra que está en el Juzgado de Instrucción por los siguientes delitos: falsedad documental, estafa procesal, falso testimonio y delitos contra la ley electoral general.
Además, sin perjuicio de la demanda referida y de la denuncia en el Colegio de Abogados, se va a presentar una demanda penal contra el letrado D. Ignacio del Burgo Azpíroz por obstrucción a la justicia, cosa que juzgarán los tribunales que nosotros respetamos.
El citado letrado arrancó y ocultó una hoja del acta notarial, elemento de prueba, en la que el PP daba un plazo para subsanar cualquier defecto que se hubiera podido cometer en los avales, algo que, por otra parte, nunca se cumplió. Actuación que ha sido efectuada en dos ocasiones, una en el proceso de medidas cautelares y otra en la actual demanda de nulidad del Congreso.
Nieves Ciprés, María Puy Haro Legarda, José Miguel Sánchez de Muniain, Andrés Valencia, Moisés Ayerra, José Mari Espinosa de los Monteros, Alfredo Borau, Merche Jaime, Bartolomé Zardoya, Javier Belío y Ángel Ruiz Alonso.
